Las poblaciones animales son recursos renovables, y por tanto inagotables, siempre y cuando su aprovechamiento se realice bajo el principio de persistencia. Es decir, de forma que año a año, temporada a temporada, el tamaño de las poblaciones no disminuya.
Este es el pilar fundamental de la ordenación cinegética y piscícola, es el motivo por el que se establecen cupos y tallas mínimas, se restringe la captura de según qué clase de edad y sexo, se definen periodos hábiles e inhábiles para la caza y la pesca, se vedan masas de agua y se reservan ciertos territorios y se autorizan y prohíben modalidades de caza y métodos y artes de pesca.
En definitiva, cualquier captura realizada fuera del marco establecido a través de las diferentes herramientas de ordenación, ya sea la normativa general o los planes de ordenación particulares, es un riesgo para la estabilidad de las poblaciones y por extensión para el mantenimiento de los cupos de caza y pesca. Así, el furtivo no sólo atenta contra el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado sino que defrauda a gestores, cazadores y pescadores y pone en peligro una labor constante que tarda años en dar resultados.
Controlar el furtivismo es una responsabilidad de todos y es, por tanto, nuestro deber poner en conocimiento de las autoridades (agentes medioambientales y Guardia Civil) cualquier información que tengamos sobre este tipo de actos.